El superintendente de Costos y Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó ayer que las cadenas de alimentos privadas del país han asegurado estar de acuerdo con la aplicación del sistema biométrico como también con su implementación.
“Hemos estado hablando con el sector público y privado sobre el sistema biométrico. El sector privado ha estado muy de acuerdo. Están de acuerdo en adoptar el sistema para atender a las familias, llevar el plato de comida justo y conveniente a cada quien”, dijo durante el programa dominical José Vicente Hoy que transmite Televen.
Subrayó que para el 30 de noviembre de este año, todos los mercados y supermercados deberán contar con el sistema captahuellas, que registra a los usuarios para evitar que una misma persona se lleve diariamente los productos para su reventa o contrabando.
Agregó que los empresarios tienen hasta el 3 de octubre para inscribirse o actualizar los datos en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae) “porque si no pueden ocasionar multas”.
Como medida adicional para cerrar el contrabando, informó que se realizará un mapa de mercancía a través de la Superintedencia Nacional de Precios Justos y las Unidades de Batalla Bolívar Chávez para chequear los productos desde el puerto hasta el anaquel.
“Vamos a tener 500 fiscales adicionales para cada círculo de lucha y hemos definido que podamos tener un fiscal al frente con entre 80 y 100 inspectores populares. Los inspectores populares son voluntarios que reciben formación y capacitación y se incorporan como Poder Popular cumpliendo con la Ley de Contraloría Social. Ahí no hay una burocracia”, agregó.
Anunció además que se creará e implementará en el corto plazo el Sistema de Adecuación Continua de Precios Justos con el fin de que “no asfixiemos con un precio a un producto y lo hagamos desaparecer, pero que tampoco se especule a la gente con el producto en las diferentes fases de la cadena”.
CIUDAD CCS
