Un informe de organizaciones de derechos humanos de Paraguay que durante los gobiernos democráticos se ha llevado adelante un plan general de ataque sobre la población campesina del país con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios. En un cotexto de represión policial y paramilitar han sido asesinados 115 campesinos desde 1989. El informe es acompañado por un video que testimonia esta práctica de exterminio. Silenciosamente y sobre la sangre campesina avanza el agronegocio, apoderándose de tierras, vidas y libertades.
El Informe Chokokue de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) documenta y denuncia que durante casi 25 años de gobiernos post dictatoriales, entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de agosto de 2013, fueron ejecutados y desaparecidos 115 dirigentes y miembros de organizaciones campesinas, en el contexto de ataques perpetrados en contra de comunidades rurales.
Estos hechos no ocurrieron de un modo casual o inconexo. Se ubican en el contexto del país con la más injusta distribución de la tierra del mundo, en el que el 82% de la superficie de las tierras se encuentran en manos del 2% de los propietarios. Al igual de lo que sucede en el contexto del Cono Sur sudamericano, en Paraguay se ha registrado un importante avance del agronegocio, básicamente a partir de la expansión del monocultivo sojero. Gran parte de los impactos sociambientales y sociales de esta expansión está documentada en los trabajos de Javiera Rulli incluidos en el libro Las repúblicas unidas de la soja, donde da cuenta de un proceso de paramilitarización del campo, que ha acompañado el avance de estos sistemas productivos y el desplazamiento de la agricultura campesina.
El informe Chokokue concluye que estos atentados se perpetraron en el contexto de un plan general de ataque sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios. Este plan sistemático se articula entre terratenientes e intereses corporativos ligados a los agronegocios que, aliados con líderes políticos tradicionales, mantienen capturado al Estado, sirviéndose del mismo y utilizando sus medios de represión para perpetrar estos crímenes y garantizarse impunidad.
Todos los crímenes terminaron impunes, sin que se hayan efectuado investigaciones eficaces y satisfactorias para esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables. Incluso en aquellos casos que concluyeron en una condena, estas fueron aplicadas a chivos expiatorios. Se trata de procesos fraudulentos que tuvieron por finalidad evitar que sean investigados todos los responsables, especialmente los autores morales.
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